“Toda dominación social está basada en la asimetría de la información”

España prepara una Ley de Transparencia y hemos estado con varios expertos para analizar su importancia

Su conclusión: sin información pública, la democracia se convierte en un juego de sombras chinescas

“Incluso en una versión básica de la democracia, incluso en una democracia que consista sólo en votar cada 4 años, es indispensable el acceso a la información para poder decidir”, dice José Luis Martí, profesor de Filosofía del Derecho de la UPF. “Toda relación de dominación social está basada en la asimetría de la información”, y pone un ejemplo: “cómo va a poder decidir por sí mismo un ciudadano si está de acuerdo con que se ponga una guardería en su zona de la ciudad en vez de un polideportivo si no tiene datos sobre cuáles y cómo son las guaderías o los polideportivos que ya hay”.

Si haces click en este enlace te descargarás el anteproyecto de Ley de Transparencia del Gobierno de España. No lo busques en la-moncloa.es porque no está. No lo busques en la página de la vicepresidencia del Gobierno, que ha coordinado el documento, porque tampoco lo encontrarás.

Hasta ahora, sólo un medio de comunicación “ha tenido acceso” al texto a través de una filtración, en una práctica habitual en la relación entre el periodismo y sus fuentes pero que en esta ocasión ha suscitado una indignación especial en círculos especializados: “que un anteproyecto de ley sobre transparencia política y acceso a la información pública salga a la luz a través de una filtración exclusiva a un periódico es paradigmático”, nos dice Helen Darbishire, directora en España de Acces Info Europe, una de las organizaciones que trabaja por la transparencia democrática y que ha organizado esta semana las jornadas Del secretismo a la transparencia.

 

Mapa de leyes de transparencia en Europa

Formas aparte, la Ley de Transparencia pone las reglas del juego para que la información publica sea accesible por el común de los ciudadanos. Viene a tapar un hueco importante y como tal es bienvenida, pero no se trata de una iniciativa social de vanguardia sino más bien una cuenta pendiente de España, el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no tiene una ley de este tipo.

Yendo al contenido, los críticos citan tres puntos negros en el texto preliminar: que no especifica a qué administraciones afecta, de manera que se puede intuir, dicen, que no se aplicará a muchas empresas públicas, ni a los poderes legislativo y judicial; que el plazo máximo para responder a las solicitudes de información es uno de los más largos de Europa; y que la información que está excluida del alcance de la ley “es demasiada”, incluyendo defensa o política exterior.

La Coalición Pro Acceso, que agrupa a 41 asociaciones de transparencia democrática, ha publicado nueve principios que deberían inspirar la ley, donde reclaman por ejemplo que la denegación de información y el secretismo sean la excepción, no la regla.

Balanza de la información pública que permanecerá reservada (izquierda) o
accesible para los ciudadanos con la nueva Ley de Transparencia, según la
Coalición Pro Acceso.

Es interesante que alguien que ha sido director de la Agencia Española  de Protección de Datos diga en público que “la protección de datos se ha instrumentalizado políticamente y se usa para evitar proporcionar información”, en palabras de José Luis Piñar, director de la agencia desde 2002 a 2007.

La perspectiva latinoamericana estuvo presente en el debate. Una perspectiva incómoda, confusa, en especial cuando los expertos, más de una docena, tuvieron que hablar sobre México, un país que “tiene una de las mejores leyes de transparencia del mundo”, dijeron varios, pero que a la vez tiene serios problemas de corrupción que ponen trabas a su aplicación. Expertos como el abogado Andrés Monroy destaca en este artículo de Bottup el caso de Colombia, con “una las leyes más antiguas sobre acceso a la información en el continente americano” y donde se ha puesto en marcha la alianza “Más información Más Derechos” frente a la cantidad “abusiva” de “documentos reservados” que establecen las autoridades públicas.

Tecnología e intermediarios

Llegados al hipotético mundo donde todo es transparente y los datos públicos lo son de verdad, Álvaro Ortiz, del colectivo Pro Bono Público, se pregunta “¿sería capaz el Estado de dar a basto si todos comenzamos a hacer consultas? Tenemos que ser capaces de que la transparencia sea escalable”, es decir, que funcione incluso cuando se hace uso de ella masivamente, “y usable”, es decir, que no esté presentada de forma farragosa y solo apta para técnicos.

Para esto, está la tecnología y los intermediarios. “Hay que pensar en lo público como un procesamiento de datos. Los periodistas deben empezar a hacer su oficio de un modo nuevo, saber programación informática”, afirma Furilo, “para transformar y remezclar bases de datos”, porque esa será la nueva forma de contar las cosas.

Fuente: periodismo humano, 01.10.2010 · Juan Luis Sanchez